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CARLO ALLEGRI / REUTERS Residentes de la región amazónica ecuatoriana protestan en Nueva York el 15 de octubre en contra de la contrademanda entablada por Chevron en la larga batalla contra la contaminación producto de sus operaciones en la Amazonía.

Los métodos malvados de Goliat

Chevron, el coloso mundial del petróleo, ha utilizado todas las bribonerías que el dinero y el poder político pueden comprar con el fin de evitar pagar por los daños que causó a la Amazonía ecuatoriana y a sus comunidades indígenas.

LAS GRANDES petroleras multinacionales generalmente llevan a cabo un trabajo impresionante de relaciones públicas. La publicidad y los informes elogiosos de los medios de comunicación muestran cuán “verdes” son y preocupados por las poblaciones están estas empresas y cómo sus empleados técnicos y profesionales se preocupan por los derechos de las comunidades locales y por brindar acceso a todo el mundo a una energía limpia y segura.

Chevron, una de las empresas petroleras más importantes del mundo, no es la excepción. Su sitio en la Internet afirma lo siguiente: “El fundamento de nuestro éxito en los negocios y de nuestro rendimiento de talla mundial es la excelencia operacional, la cual se define como la administración sistemática de la seguridad en los procedimientos, de la seguridad y la salud personales, del ambiente, de la fiabilidad y de la eficiencia. La seguridad es nuestra prioridad principal”. Chevron puede darse el lujo de obrar de acuerdo a sus opiniones. En 2012, sus ingresos operativos sobrepasaron los 244.000 millones de dólares, sus ingresos netos fueron de aproximadamente 27.000 millones de dólares y su rentabilidad de los recursos propios fue del 27%.

Sin embargo, cuando una situación grave se presenta, cuando ha habido demandas legítimas de indemnización de parte de personas cuya salud y seguridad han sido afectadas por sus operaciones, su respuesta ha sido tanto cínica como desagradable: negando cualquier delito, haciendo campañas para evitar consecuencias legales y persiguiendo agresivamente a aquellos que hayan tratado de proteger los derechos de las partes afectadas.

Un poco de historia en primer lugar. De 1964 a 1990, la compañía petrolera Texaco, que Chevron adquirió en 2001, taladró en busca de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Con el fin de reducir los costos, empleó prácticas ambientales que eran obsoletas y hasta ilegales, tanto en los Estados Unidos como en el Ecuador. La compañía confesó haber vertido unos 16.000 millones de galones de aguas residuales tóxicas en los ríos y arroyos que eran fuente de agua potable y en los que la gente también se bañaba y pescaba. Abandonó en la selva tropical centenares de fosos abiertos sin revestimiento repletos de residuos peligrosos, tales como fangos tóxicos y sustancias químicas provenientes de la perforación petrolífera, y derramó aproximadamente 17 millones de galones de petróleo crudo.

CARLO ALLEGRI / REUTERS Residentes de la región amazónica ecuatoriana protestan en Nueva York el 15 de octubre en contra de la contrademanda entablada por Chevron en la larga batalla contra la contaminación producto de sus operaciones en la Amazonía.

CARLO ALLEGRI / REUTERS Residentes de la región amazónica ecuatoriana protestan en Nueva York el 15 de octubre en contra de la contrademanda entablada por Chevron en la larga batalla contra la contaminación producto de sus operaciones en la Amazonía.

Lo que es peor fue que esto sucedió no porque nadie no tuviera mejor criterio en aquella época. En efecto, la empresa no tenía necesidad de haber hecho nada de esto. En varios otros países donde realizaba operaciones en aquella época, incluidos los Estados Unidos, su país de origen, la empresa reinyectaba las aguas residuales y utilizaba tecnología disponible para lidiar con los subproductos tóxicos.

Las consecuencias ambientales y el impacto en la salud y la seguridad de las comunidades locales han sido enormes. Ha habido una epidemia de defectos congénitos, cánceres, abortos espontáneos y otras enfermedades relacionadas con el petróleo. Se ha calculado que la contaminación ha ocasionado directamente al menos 1.400 muertes de seres humanos y la destrucción de miles de especies de plantas y animales.

Demanda colectiva

En 2003, se entabló una demanda colectiva, en la que participaron 40.000 indígenas residentes de la selva tropical de la región de Lago Agrio, en contra de Texaco, en la cual se alegaba la grave contaminación ambiental de la tierra y del agua y el consecuente aumento de los índices de cáncer, así como otros problemas graves de salud entre los habitantes de la región. El pleito había sido originalmente radicado ante un tribunal de los Estados Unidos a mediados de los años noventa, mediante la ayuda de un abogado especializado en derechos humanos que había visitado el Ecuador y había quedado consternado con lo que observó. Sin embargo, la empresa se las arregló para trasladar el pleito de los tribunales de los EE.UU. al Ecuador, donde al parecer esperaban poder obtener un trato mejor, posiblemente debido a la mayor capacidad que allí había de “ejercer influencias” sobre el sistema jurídico.

Sin embargo, a medida que se desarrollaba el juicio, quedó claro que las diligencias señalaban la culpabilidad de Chevron (antiguamente Texaco). Entonces la compañía multinacional procuró trabajar en otros niveles para asegurarse de que no tendría que asumir la responsabilidad. Por ejemplo, presionó al gobierno de los Estados Unidos para que pusiera fin a las preferencias comerciales del Ecuador, al parecer debido a esta demanda.

Entre las otras gestiones que se llevaron a cabo con el objeto de que se desestimara la causa podemos citar las demandas de arbitraje por parte de Chevron en 2006 y 2009, de conformidad con un antiguo Tratado Bilateral de Inversiones entre el Ecuador y los Estados Unidos. Esta contrademanda alegaba que el gobierno del Ecuador “había influenciado indebidamente” al poder judicial porque el presidente Rafael Correa se había reunido con las personas afectadas y les había prometido ayudarlas. El Concejo de Arbitraje de La Haya, muy conocido por dictar veredictos a favor de los inversionistas, hizo un pronunciamiento endeble, que en realidad no negaba las acusaciones contra Chevron, pero que decía que el caso coincidía con un acuerdo de 1995 sobre un derrame de petróleo por Chevron-Texaco. El gobierno ecuatoriano denunció este juicio arbitral como “un foro por y para Chevron”.

A pesar de todos estos obstáculos, la demanda interpuesta por los litigantes de la región de Lago Agrio con el tiempo trajo como consecuencia un juicio histórico en contra de Chevron en un tribunal ecuatoriano en 2011. Se ordenó que la empresa pagara alrededorde19.000millonesdedólaresparalalimpiezadela contaminacióngeneralizada,asícomopordañoscompensatorios y punitivos. Esto sentaría un precedente importante para responsabilizar a las empresas por el daño consciente que realizan sus operaciones, así como para que sirviera como medida disuasiva en contra de actividades semejantes en el futuro.

La contrademanda de Chevron

Pero en lugar de pagar, la compañía entabló una contrademanda por fraude en Nueva York en contra de 47 residentes locales y de sus abogados (en particular Steven Donziger, el abogado especializado en derechos humanos que había estado ayudando a los ecuatorianos a partir de 1993), alegando que todo el caso era una conspiración para extorsionar a la empresa y solicitaba una enorme indemnización por daños y perjuicios por 60.000 millones de dólares. . . ¡más del triple de la indemnización otorgada a los aldeanos ecuatorianos!

Ha habido acusaciones de conducta parcializada en contra del juez en este nuevo caso, por lo que se refiere a que bloqueaba la mayoría de los enfoques del interrogatorio sobre contaminación ambiental, que bloqueaba pruebas de que Chevron vigilaba a Donziger y de que se negaba a permitir que le otorgaran indemnización por daños y perjuicios debido a las tergiversaciones que afectaban negativamente a su reputación, y otras manifestaciones de parcialidad. De modo más significativo, Chevron pudo ganar una victoria importante al evitar que se llevara a cabo un juicio ante jurado que habría sido más objetivo. (En un momento dado, la empresa incluso declaró que reduciría miles de millones de dólares en demandas por daños y perjuicios con tal de evitar que se hiciera un juicio ante jurado, donde las pruebas habrían podido ser sopesadas objetivamente por un grupo de ciudadanos imparciales. Por el contrario, Chevron quería que el juicio se celebrara en secreto y logró que así fuera. También se ha asegurado de que el caso sólo sea fallado por el juez, cuyas predisposiciones al parecer ya son evidentes).

El nuevo juicio ha sido deshonroso en grado sumo. Los aldeanos ecuatorianos y su abogado entregaron pruebas de que Chevron había participado en “actos de conducta indebida y corrupción” mediante la oferta de pagos ilícitos y sobornos directos a jueces en el Ecuador a lo largo de los años con el fin de garantizar un testimonio favorable. Chevron ha argumentado por su parte que la

sentencia dictada en su contra en el Ecuador había sido redactada anónimamente por los demandantes y ha presentado a un ya deshonrado ex juez para que rindiera testimonio a nombre de la empresa, sin importar que él ya hubiera confesado haber aceptado sobornos durante toda su carrera.

Entretanto, mientras esta ridícula aunque mortal confrontación continúa, los aldeanos aún no han recibido su indemnización. Pero a los abogados de Chevron parece que ellos no les importan de todos modos. El abogado principal en este caso recientemente fue citado diciendo: “Los demandantes son realmente irrelevantes. Siempre fueron irrelevantes. . . No se perjudicarán [las comunidades de la selva tropical] ni ningún individuo si se impide la ejecución de la sentencia”.

Las implicaciones de este caso se extienden mucho más allá del Ecuador y de esta empresa en particular, porque llegan hasta la cuestión fundamental de garantizar un mínimo de responsabilidad a las empresas mundiales que no sólo tienen influencia económica y poder para ejercer presión política, sino también dinero en abundancia para continuar litigando pleitos y utilizando métodos diferentes para prolongarlos y buscar resultados favorables. Puesto que dichas empresas por su naturaleza sólo responden a las utilidades y al valor de los accionistas, es muy probable que haya incentivos para que la administración utilice todos los recursos y estrategias posibles con el fin de garantizar que estas utilidades y valores de acciones continúen sin ser afectadas, independientemente de los daños y de los costos que ocasionen a otras personas. Realmente ya no es suficiente que la gente diga que la ley ha seguido su curso. ¿Ya no es hora de que dichas empresas también sean juzgadas ante el tribunal de la opinión pública?

 

Fuente: http://www.frontline.in/columns/Jayati_Ghosh/goliaths-nasty-ways/article5338649.ece

 

 

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